El impuesto predial grava la propiedad o posesión de bienes inmuebles y predios (fincas), ya sea que tengan naturaleza urbana o rural. Estrictamente, una de sus características es la de ser un tributo sobre el valor del suelo, no sobre el de la edificación.[1] Suele estar descentralizado, en favor de las provincias y municipios, como son, por ejemplo, los casos de México, España o Argentina. En Chile, por el contrario, tiene carácter completamente estatal, aunque posteriormente se reparte parcialmente, vía transferencias, a los municipios.[2][3]
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